La Comunidad Autónoma de Extremadura podría recurrir ante el Constitucional el decreto de fotovoltaicasLa Junta de Extremadura estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto ley 14/2010 aprobado por el Gobierno que regula la concesión de primas a la instalación de plantas de energía fotovoltaica, porque considera que "discrimina de una manera injustificada" a la región extremeña.

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado encargar a sus servicios jurídicos la elaboración, "con la mayor urgencia posible", de un informe sobre la posibilidad de "interponer un recurso de inconstitucionalidad contra determinadas disposiciones" de este decreto ley, según ha anunciado en Mérida el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente del Gobierno regional, José Luis Navarro.

Según ha explicado Navarro, la Junta de Extremadura entiende que "hay fundamentos" para interponer este recurso, porque "determinados aspectos" de este Real Decreto "perjudican los intereses de Extremadura y discriminan de una manera injustificada" a la región extremeña.

En concreto, Navarro ha destacado que la Junta de Extremadura "no comparte· la disposición transitoria segunda, que establece para los años 2011, 2012 y 2013 una limitación "única para toda España", cuando esta limitación, "para toda la vida de la planta es diferente en función de la zona climática.

En una rueda de prensa que ha ofrecido junto con la vicepresidenta Primera y portavoz de la Junta, Dolores Pallero, José Luis Navarro ha explicado que el Gobierno extremeño ha tenido una reacción "instantánea" en este asunto, ya que el mismo día que se aprobó este decreto en el Congreso de los Diputados, el pasado miércoles, el presidente del Gobierno regional encargó un informe para estudiarlo en el Consejo de Gobierno.

Tras analizar este informe, el Consejo de Gobierno ha concluido que "hay fundamentos" para interponer este recurso de inconstitucionalidad, aunque ha advertido de que su presentación finalmente dependerá de las conclusiones que arroje el estudio que realicen los servicios jurídicos.












 

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